Seguimos pendientes de la investigación sobre el presunto fraude en cursos de formación con subvenciones europeas. Uno de los imputados el Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Pérez Bello, ex secretario de Caype, una Federación de autónomos presidida por otro de los encartados, Eliseo Calviño ha explicado a nuestra redacción el mecanismo por el que se organizaban los cursos que él consideraba, dice, legales.

Señala que Caype recibía subvenciones europeas para organización de cursos de formación que después se subcontrataban con otra de las empresas inmersas en la trama, Azetanet, presidida por otro de los imputados, el empresario coruñés Gerardo Crespo. Él, asegura, se limitaba a dar luz verde a la recepción de la subvención, la subcontrata y la documentación que remitía la empresa correspondiente conforme se celebraban esos cursos.

Francisco Pérez Bello

Es el único de los imputados con cargos de responsabilidad con el que hemos conseguido hablar en Radio Coruña Cadena SER. Organiza la feria de autónomos de Galicia por la que también le ha preguntado la jueza. Ofrece toda su colaboración a la justicia y espera poder seguir desarrollando este evento.

El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha citado a declarar en calidad de imputadas a siete personas por participar presuntamente en el fraude de cursos de formación. Sus empresas y asociaciones habrían recibido en subvenciones públicas alrededor de 20 millones de euros, según la Policía Nacional.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, pide a la justicia celeridad y que se investigue a fondo.

Carlos Negreira

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que denunció ya en 2010 presuntas irregularidades en estos cursos de formación, ha declarado que algunos de los imputados, como Gerardo Crespo, siempre contaron con el favor del poder político. Hace mención a documentación a que ha tenido acceso Radio Coruña cadena SER en la que el Ministerio de Trabajo en 2011, gobernando aún el PSOE, archivaba sus denuncias sobre uso indebido de presupuestos destinados a la formación. El Ministerio comunicó por escrito al Ayuntamiento de Oleiros que había realizado una auditoría a las empresas de Crespo y no había detectado ninguna irregularidad.

Ángel García Seoane 

García Seoane había denunciado la actividad de Crespo ante la Fiscalía, administraciones públicas e incluso ante instancias europeas.

El BNG ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.