La Fiscalía de Ferrol ha requerido a la Xunta que le informe sobre las gestiones realizadas durante la restricción de agua corriente en Ferrolterra. El Ministerio fiscal pretende conocer la responsabilidad que tuvo la administración autonómica durante los 4 días en los que 150.000 vecinos de cinco ayuntamientos de Ferrol no pudieron consumir agua del grifo por su elevada toxicidad.

El gobierno de Ferrol ha reiterado su apuesta por remunicipalizar servicios públicos como el agua. En estos momentos hay abiertas cuatro investigaciones sobre el asunto, la de la Xunta, la del Valedor do Pobo, la del Ayuntamiento de Ferrol y la de la empresa de aguas, Emafesa. Los últimos resultados de los análisis del agua en las últimas horas han señalado que los niveles de trihalometano siguen por debajo de lo máximo permitido en los cinco ayuntamientos afectado, por lo que el suministro sigue garantizado.