Xunta y ayuntamientos se han reunido esta mañana en Ferrol tras recuperarse el libre consumo de agua del grifo en toda la ría. Tres horas tras las cuales se acuerda abrir un expediente informativo para concretar lo ocurrido e iniciar la depuración de responsabilidades. La crisis del agua salta ahora a la arena política, con el reproche de los gobiernos locales al proceder del Gobierno gallego y las críticas del PP al regidor ferrolano.

Tres horas de tensa reunión han sido necesarias para que Xunta y ayuntamientos de la ría de Ferrol acuerden la apertura de un expediente informativo sobre la reciente crisis del agua. La delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, ha asumido que la empresa mixta de aguas tardó en comunicar las incidencias por estimar que se trataba de un proceso habitual. Preguntada por la visita privada de Alberto Núñez Feijoo este domingo a la playa ferrolana de Doniños en pleno conflicto, se ha limitado a decir que el presidente de la Xunta se preocupó en todo momento por la crisis.

La Xunta cree importante ver por qué surge esta problemática, pero no ha podido evitar en su rueda de prensa las críticas del alcalde socialista de Ares. Julio Iglesias ha señalado que no se ha contemplado un plan de emergencia para una coyuntura que podría haber sido de mayor gravedad. Ha negado ante Belén do Campo que los ayuntamientos descartasen la necesidad de mayor apoyo logístico, a lo cual ha respondido la delegada que localidades como Ferrol no convocaron a su junta de Protección Civil. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, pide un plan que evite situaciones similares y es crítico con la Xunta de Galicia, a la que acusa de atacarle.

Jorge Suárez ha censurado que el portavoz del PPdeG, el ferrolano Miguel Tellado, atribuyese al gobierno local en redes sociales el suministro de agua envenenada a la población, palabras que Rey Varela ha enmarcado esta mañana en rueda de prensa en el juego político. El consistorio esperará a las conclusiones de Xunta, Fiscalía y del propio Ayuntamiento para adoptar posibles medidas que aceleren la remunicipalización del servicio de aguas.