El empresario coruñés Gerardo Crespo, principal imputado de la Operación Zeta que investiga el fraude en cursos de formación, se ha acogido al derecho de no declarar tras ser llamado a hacerlo por la jueza de instrucción número 6 de A Coruña. Ha sido el primero de los 30 imputados de la trama en acudir al juzgado. Considera Crespo que el informe de la Agencia Tributaria, en el que se basa, dice, su imputación, está incompleto. Antes de entrar en la sala señala que estaba satisfecho de poder hablar tras tres años de indefensión.

Gerardo Crespo

Ha entrado en la sala pasadas las diez de la mañana y media hora después salía sin declarar. Dice ahora que no sabe de qué se le acusa y que el proceso de adjudicación de los cursos tuvo el visto bueno de las administraciones.

Gerardo Crespo

 
Gerardo Crespo ha sido el primero de los imputados de la Operación Zeta llamados a declarar por la jueza como presuntos autores de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. La magistrada investiga si realmente se realizaron cursos de formación para los que Crespo, sus empresas y algunas asociaciones obtuvieron fondos públicos de forma fraudulenta por valor de 20 millones de euros. 

El abogado de Crespo, José Ramón Sierra, señala que van a demostrar que la Xunta conocía la investigación de la tramitación de los cursos antes que Gerardo Crespo.

José Ramón Sierra 
 
La defensa de Crespo pedirá que la jueza llame a declarar a funcionarios y asesores implicados en la adjudicación de los cursos. También a personas que ha calificado "de categoría difícil de definir" que aparecen nombradas en el sumario en numerosas ocasiones. Pachi Lucas, llamado el conseguidor de la trama, es uno de los principales nombres que recoge la investigación y las escuchas. Las declaraciones continuarán en las próximas semanas y se extenderán hasta mayo.