La renta social municipal ha comenzado su tramitación con la presentación de las propuestas a las organizaciones que trabajan contra la exclusión. El gobierno de la Marea la llama renta social municipal, pero de entrada no será un dinero fijo que reciban los beneficiarios para su organización, sino que el Ayuntamiento les pagará las deudas previa entrega de documentación y deberán entrar en un itinerario de inserción. Por una cuestión de dignidad el dinero debería ir directamente a las familias para que organizaran su vida sin una tutela tan estricta. El gobierno de la Marea aduce problemas legales para entregar el dinero de forma directa al ciudadano y no quiere renunciar a esa denominación. El nombre que les ponemos a las cosas es muy importante y debe reflejar la realidad sin atajos. Hay que buscar la manera de solventar este problema porque lo mejor de esta iniciativa es que por primera vez todos los recursos municipales se ponen en marcha para frenar la exclusión con una voluntad clara y muy sistematizada. Y la ordenanza tiene, por tanto, mucho valor. Pero no es una renta, a día de hoy. Desde luego es un primer paso para caminar hacia el objetivo por el que están peleando los sindicatos. Una renta de ciudadanía que se disfruta en otros países de nuestro entorno. Una iniciativa totalmente posible si se cambia el sistema fiscal y los muy ricos comienzan a pagar lo que les corresponde respecto a la media europea. Fácil.

Informe del año pasado, Save the Children.