La Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica reclama al Gobierno gallego que modifique el convenio con la familia Franco sobre las visitas al Pazo de Meirás, tras conocerse que la Xunta paga 23.000 euros en concepto de seguridad. La entidad entiende que las arcas públicas no deben asumir ese coste.
El gasto deriva del acuerdo alcanzado por el Gobierno gallego con la familia Franco para establecer el régimen de visitas al Pazo que obliga su declaración como Bien de Interés Cultural. La Xunta asume el coste establecido.

Fernando Souto, presidente de la Comisión
 
El Pazo de Meirás estuvo cerrado durante cuatro meses por la negociación del convenio de visitas, al expirar el anterior. Antes, en agosto, también se impidieron las visitas. Según la Xunta, la empresa de vigilancia alegaba que no se podía garantizar la seguridad por la estancia de la familia Franco en el edificio.