Reunión de los alcaldes de la provincia con el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, y la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para conocer el acuerdo firmado entre la Xunta, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Gallega de Municipios y Provincias en materia de desahucios. El acuerdo prevé que los servicios sociales de cada ayuntamiento tengan que remitir al juzgado la situación personal del afectado o la familia afectada.
El convenio busca que los jueces tengan en cuenta los casos especialmente vulnerables y paralicen, si así lo estiman oportuno, el desahucio por impago de hipoteca o de recibos de alquiler.

Alfonso Rueda, conselleiro
 
En función del informe y la decisión judicial los servicios sociales muncipales buscarían una vivienda de alquiler social o se cubrirían sus necesidades básicas.
La Plataforma Stop Desahucios dice que es un leve avance, pero no es la solución.

Joaquín Díaz, portavoz