El Ayuntamiento no entregará la renta social básica directamente a sus beneficiarios en la mayoría de los casos según la ordenanza presentada hoy en María Pita. Los servicios sociales pagarán sus facturas de forma directa, tendrán que presentar acreditación de todos sus gastos y seguir un itinerario social. Explica la ordenanza que cerca del 25 por ciento de los hogares de A Coruña están bajo el umbral de la pobreza. Propone buscar soluciones para ciudadanas y ciudadanos en riesgo de exclusión social. También para nuevos perfiles, señala, menos tradicionales, como el de los trabajadores pobres, con salarios muy bajos e inestabilidad laboral. 

 La gestión de la paga de forma directa por parte de los perceptores solamente se dará con carácter excepcional y debidamente justificado por parte de los técnicos municipales. La renta puede servir para pagar gastos corrientes e incluso los plazos de una hipoteca. Se abonará, dice, a las entidades colaboradoras con el Concello para provisión de servicios, bienes y productos de alimentación ropa, higiene y calzado mediante vales, bonos canjeables o tarjetas. Serán beneficiarios como ya se ha señalado estos días, las ciudadanas y ciudadanos que no cuenten con la RISGA o tengan una situación de ingresos menores que el cien por cien del IPREM. Cada seis meses el Concello revisará si los beneficiarios cumplen los requisitos estipulados y realizará una evaluación para renovar la prestación.