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jueves, 16 de mayo de 2024 00:01h.

La jueza de Lara investiga delitos de cohecho,fraude y blanqueo en A Coruña

Las investigaciones de la jueza de Lara en relación a la Operación Pokemon en el Ayuntamiento de A Coruña siguen siendo noticia. De Lara ha ordenado el registro y volcado de equipos informáticos y toda la correspondencia electrónica del primer teniente de Alcalde, Julio Flores y de su principal asesor Juan Carlos Boga Sánchez. También del concejal socialista, José Nogueira, responsable de contratación con el PSOE, y de los funcionarios municipales responsables de áreas como contratación, cultura, deportes o transportes. En el auto de la jueza a que ha tenido acceso Radio Coruña Cadena SER de Lara pide el acceso a sus ordenadores para investigar y descubrir, dice textualmente, delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, falsedad documental, tráfico de influencias, violación de secretos, prevaricación y blanqueo de capitales.

Los agentes del servicio de vigilancia aduanera que se personaban en el Ayuntamiento incautaron, en aplicación del auto de la jueza, documentación de los contratos para prestación de servicio de conserjería y seguridad del Ágora y de todos los servicios de la Casa de los Peces, ambos contratados por parte de este gobierno municipal en el ejercicio 2011-2012. Los agentes han vuelto a incautar por orden de la jueza todo el expediente de los servicios de la grúa y de la ORA a la empresa Doal. Reclama la identificación de todas las personas o funcionarios que hayan participado en su gestión, incluso comité de expertos e integrantes de las mesas de contratación a las empresas de Vendex Doal, Sermasa, Semat y Sintrasa. 

La jueza ha solicitado el volcado de los ordenadores y correos electrónicos también del ex funcionario Eduardo Aceña, hasta hace unos meses adscrito al servicio municipal de deportes. También de la asesora municipal Dulce Rodríguez Anido, vinculada, según el PSOE en presuntas irregularidades por la gestión de los trajes de la Cabalgata y la funcionaria jefa de contratación municipal, la de transportes y la de cultura. No hay imputaciones directas de ninguno de los citados, sí intervención de sus comunicaciones y archivos informáticos.