El gobierno local llevará para su aprobación al próximo pleno municipal del lunes el inicio del expediente de incoación de oficio para que el convenio de 2005 entre Ayuntamiento y Gobierno Central por el que el gobierno municipal debía pagar 1 millón 200.000 euros por la antigua prisión provincial y los terrenos anexo sea declarado nulo. Lo ha anunciado la concejala de Hacienda, Rosa Gallego, que considera que no es válido debido a que no fue llevado a pleno y no cuenta ni con el visto bueno de intervención, ni de la asesoría jurídica municipal.

Rosa Gallego 

Una vez aprobado por el pleno, el gobierno local dará Audiencia a las partes afectadas, en este caso, la Sociedad de Infraestructuras y Eqipamientos Penitenciarios, la SIEP, y la dirección general de Instituciones Penitenciarias.