Suma y sigue la Operación Zeta y la trama relacionada con la subvención de  cursos de formación no realizados y que ha desencadenado siete imputaciones con el empresario coruñés, Gerardo Crespo, a la cabeza. La catedrática de Derecho Penal en la Universidade da Coruña, Patricia Faraldo, considera que la trama es el resultado del fallo de los mecanismos de control en la Administración autonómica. Faraldo, que ha participado en el debate sobre la corrupción en El Coruñés Opina, ha reclamado la depuración de responsabilidades políticas en la Consellería de Traballo porque " hay que asumir que, a veces, se elije mal a los colaboradores o no se ha controlado suficientemente". Sin plantear directamente la dimisión de la Conselleira, Beatriz Mato, la especialista en Derecho Penal reivindica "algún tipo de responsabilidades en la administración y en los partidos políticos por este tipo de hechos".

Solo uno de cada cinco imputados en tramas de corrupción son condenados a penas de prisión en España. Los casos de corrupción destapados hasta ahora arrojan 500 imputados y casi l.700 causas judiciales abiertas, según datos oficiales.

Una forma de evitar las corruptelas es, según los expertos en Derecho, aprobar Una Ley de financiación de partidos políticos pero siempre "bajo el consenso de todas las fuerzas". Es el parecer del profesor titular de Filosofía del Derecho en la UDC, José Antonio Seoane, quien ve en la falta de interés "por rendir cuentas" del PP y el PSOE la principal razón para que todavía no se haya aprobado esta ley y otras medidas que refuercen el control del dinero público y prevengan los actos corruptos.