El pleno de la Diputación provincial ha decidido por unanimidad remitir al juzgado el informe sobre los contratos de Gerardo Crespo, principal imputado en la Operación Zeta, con el gobierno provincial del Partido popular. El empresario firmó acuerdos con la Diputación durante el mandato de Diego Calvo por unos 350 mil euros, los más elevados de ellos con informe favorable de la intervención. Dentro de los acuerdos la Diputación de A Coruña suscribió al menos diez convenios presuntamente irregulares con el empresario coruñés, según el informe del departamento de intervención llevado hoy a pleno. Al menos dos de ellos se refieren a cursos de formación que se realizaron en el propio salón de la casa del propio empresario, un taller de ayuda en casa y otro de marionetas. Todos los contratos considerados irregulares son de pequeña cuantía, suman en su conjunto en torno a 10 mil euros.

Varios convenios supondrían pago por servicios a empresas vinculadas a Crespo que, además de ser adjudicatario en primera instancia, se pagarían al propio empresario o a su mujer. El informe había sido solicitado por el BNG en 2014, en relación con la Operación Zeta que investiga fraude de subvenciones en cursos de formación. Se refieren a la organización de la Feria de los autónomos en 2010, 2011 y 2012 con informe de control financiero sin obligación de reintegro, el primero de ellos por unos cien mil euros. Otras actividades ya sujetas a subvención irregular según el dictamen de la intervención serían talleres artesanales de instrumentos musicales, fomento del autoempleo o Jornadas sobre derechos de mujeres trabajadores por importes pequeños, entre 500 y dos mil euros.

Se impartieron cursos además dentro de la Red Xiana por valor de 190 mil euros con informe favorable o cursos de monitor de tiempo libre con informe favorable por 36 mil.