El Instituto Galego da Vivenda e o Solo ha suspendido el desalojo de una familia de una vivienda de Caranza, en Ferrol, que estaba previsto para esta mañana. Para impedirlo han acudido más de un centenar de personas al llamamiento del colectivo de los indignados de Ferrol, aunque el desahucio se suspendió ya en la tarde de ayer. En la vivienda, vivían 10 personas, encabezada por Carmen, de 56 años. Residía con sus tres hijos, una nuera, y sus cinco nietos menores de edad. Cuando se divorció hace siete años, el titular de la vivienda era su marido. Acumulaba un impago de 6 mil euros. La vivienda no se pudo poner a su nombre por cuestiones administrativas, y la familia no pudo pagar la deuda porque el contrato se había rescindido. En la actualidad, todos los adultos están en paro. El abogado Alejandro Cortizas, del colectivo 15-M, critica un desahucio realizado por la administración pública en plena crisis económica. En Caranza hay más de 100 viviendas de protección oficial, que están vacías por el deficiente estado en el que se encuentran. La de Carmen es uno de los casos. Las paredes, contienen amianto, un material altamente cancerígeno. Ante la amenaza del desalojo, la familia ha abandonado el piso. Se han repartido en dos viviendas de alquiler. Oscar, uno de los hijos, había solicitado una vivienda pública, pero asegura que lleva años esperando. La Xunta ha aplazado el desahucio, para garantizar el derecho de los menores. Pero el colectivo de indignados advierte que son más de 30 los desalojos que están previstos en condiciones similares en el barrio obrero de Caranza.